A través de carta destinada al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, la Coordinadora Ciudadana en Alerta y Protección por la Cuenca del Río Maile- Allipen solicitó que por decreto supremo se declare La Araucanía como potencia alimentaria y que se rechacen los proyectos energéticos que se instalarían en la región. Ecologistas afirmaron que la contaminación y radiación de estas plantas impedirá fortalecer un mercado regional con productos orgánicos e identitarios de la zona.

Se trata en particular de la hidroeléctrica Caren S.A de la empresa trasnacional Latin American Power, que se situaría en Cunco, y que bajo el mismo nombre instaló un tendido eléctrico en Melipeuco y Freire.

Las comunidades indígenas y rurales exigieron no convertir este territorio es una zona de sacrificio precisamente por proyectos que devastan el ecosistema.

“Somos, por esencia, gente que depende de la tierra y del agua. Muchos de esos derechos de aguas están siendo vendidos producto de la ignorancia y del inescrupuloso actuar de las autoridades locales que, en lugar de dar apoyo a la comunidad, han optado por el silencio y la omisión”, declaran en la misiva destinada al titular del Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Esto, considerando que según los datos que Latin American Power publica en su sitio electrónico, la primera inversión que realizó en Chile fue comprar el 66 por ciento de los derechos de agua de Carilafquén- Malalcahuello, en La Araucanía, para posteriormente comenzar con el desarrollo de la hidroeléctrica de paso en Cunco.

Convertir la región en una potencia alimentaria fue un anuncio de la presidenta Michelle Bachelet durante su primera administración, lo que en realidad ha ido en retroceso, según reconoció la impulsora de esta campaña e integrante de la Coordinadora Ciudadana en Alerta y Protección por la Cuenca del Río Maile- Allipen,Patricia Segura.

El trazado eléctrico de la magnitud que se proyecta en la zona implica radiación y, por lo mismo, cualquier cultivo será impactado. “Nadie podrá vender alimentos orgánicos que vengan de una zona contaminada”, aseguró.

“Lo que ocurre acá le repercute al planeta completo. Que se haga una represa en la zona implica que van a inundar cerca de seis kilómetros de una zona netamente de cultivo, y al pasar un trazado eléctrico los va a dejar bajo una área de contaminación donde no sólo los suelos se van a devaluar sino también los alimentos”, señaló.

Actualmente, existen treinta y cuatro pedimentos mineros en distintas zonas geográficas de la región que afectarían a once sitios de significación cultural del pueblo mapuche.

Las empresas recurren a este proceso para conseguir el derecho a explorar zonas de interés y luego explotarlas, si la sentencia judicial  es favorable. De no existir una superposición con un pedimento solicitado antes, como en este caso, las comunidades no pueden oponerse hasta la resolución final y en esta instancia podrían apelar a la nulidad.

Esto, considerando que Caren S.A no pretende explotar mineral sino instalar su línea de alta tensión.

La ecologista dijo que el mensaje al Gobierno y a la autoridades regionales es claro y tiene por objetivo desarrollar la región pero de manera sustentable a través de la reforestación con plantas nativas, del turismo e incluso del fomento a la industria cinematográfica con los paisajes de la región.

El martes pasado se presentó ante la Contraloría una petición para fiscalizar los eventuales dineros que estaría obteniendo la municipalidad de Cunco por parte de esta empresa, considerando que ha financiado algunas actividades, según explicó el abogado asesor de las comunidades de esa zona, Rodrigo Poblete.

Estos recursos no han sido transparentados como tampoco las reuniones que ha sostenido el alcalde Alfonso Coke con representantes de la empresa, pese a que la Ley de Lobby establece su publicación, explicó el profesional.

“No sabemos de qué manera está operando la municipalidad con estos ingresos que han recibido de la hidroeléctrica donde hay proyectos participativos que están siendo financiados por esta entidad pero eso no se refleja en su presupuesto. Hay una obligación legal que está en el decreto de ley 1.263 de 1975 que es la ley orgánica financiera de la administración del Estado que señala que este tema debe ser de conocimiento público. Tampoco sabemos si está dando curso a la Ley 20.500 de participación ciudadana”, precisó.

Según estudios ambientales, se estima que en cinco años más la región de La Araucanía podría registrar un clima similar a la región del Maule por el calentamiento global. Por lo mismo, las actividades productivas se enfocarían en la industria agroalimentaria donde es vital resguardar los recursos hídricos.

“A quien quiera escuchar, estamos aquí para advertir que los proyectos son destructivos. No sólo causarán dolor a nuestra gente, su construcción destruirá recursos necesarios para la vida también en las grandes ciudades”, concluyó el mensaje de la carta.